Nuestro cliente fue objeto de una investigación por material de abuso sexual infantil después de que las autoridades ejecutaran una orden de registro en su domicilio e incautaran varios dispositivos electrónicos, entre ellos sus teléfonos móviles y su ordenador portátil.
Los detectives indicaron que creían contar con pruebas que respaldaban cargos graves basados en archivos presuntamente asociados a una cuenta de almacenamiento en la nube, e informaron a nuestro cliente de que probablemente se presentarían cargos penales.
Al no tener arrestos ni condenas previas, nuestro cliente se enfrentaba a la perspectiva de un proceso por delito grave, encarcelamiento y la inscripción obligatoria en el registro de delincuentes sexuales.
Nuestro despacho fue contratado en la etapa previa a la presentación de cargos y comenzó de inmediato a evaluar la legalidad de la investigación y del registro.
Revisamos a fondo la orden judicial, la incautación de los dispositivos electrónicos de nuestro cliente y el tratamiento que las autoridades dieron a la prueba digital, identificando problemas significativos en cuanto al cumplimiento de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de California (CalECPA).
Presentamos estas objeciones jurídicas a la Fiscalía de Distrito, abogando contra la presentación de cargos y subrayando los problemas probatorios y constitucionales que había revelado nuestra investigación.
Gracias a una representación proactiva previa a la acusación y a una defensa estratégica, no se presentaron cargos penales contra nuestro cliente durante nuestra representación.
Al abordar las deficiencias jurídicas de la investigación antes de que se formularan cargos formales, ayudamos a nuestro cliente a evitar un proceso por delito grave, el encarcelamiento y las consecuencias que alteran la vida de un procesamiento por un delito sexual.