Nuestro cliente, empleado del sector sanitario desde hacía años, sin antecedentes penales ni sanciones laborales previas, fue objeto de una investigación penal después de que las autoridades recibieran una denuncia relacionada con un vídeo explícito de abuso sexual infantil que había sido enviado a su teléfono.
Los detectives lo contactaron en su domicilio, solicitaron acceso a su teléfono móvil y lo interrogaron sobre la investigación cuando ya se encontraba en licencia administrativa en su trabajo.
Aunque no se habían presentado cargos, nuestro cliente se enfrentaba a la posibilidad de un proceso por delito grave, a la pérdida de su carrera y a consecuencias personales y profesionales devastadoras.
Nuestro despacho fue contratado en la etapa previa a la presentación de cargos y de inmediato asesoró a nuestro cliente sobre la protección de sus derechos constitucionales durante la investigación.
Actuamos de forma proactiva ante las autoridades y la Fiscalía de Distrito, subrayando las circunstancias en que se produjo el envío no solicitado del vídeo y la ausencia de pruebas que respaldaran cargos penales.
Al intervenir antes de que se presentaran cargos formales, trabajamos para impedir que la investigación derivara en un proceso penal.
Como resultado de nuestra actuación previa a la acusación, nunca se presentaron cargos penales contra nuestro cliente.
Nuestra intervención temprana ayudó a nuestro cliente a evitar un proceso por delito grave y las consecuencias que alteran la vida de un caso por delito sexual, antes incluso de que llegara a los tribunales.